Acabar la corrupción creando incentivos económicos entre los ciudadanos.
Es difícil no caer en verdades de perogrullo cuando se habla de la corrupción, pero en medio de tanta bulla sobre todos los escándalos de todos los días, nos queda la sensación de que no podemos ser mejores que eso.
Y todos creemos estar remando para un lado, pagando impuestos, haciendo fila, respetando a los policías de tránsito o el semáforo en rojo, mientras que los demás reman para otro lado y hacen lo que se les da la gana y unos cuantos políticos se roban al Estado.
Pero la verdad es otra: somos todos. Los que roban no lo hacen porque sean pocas mentes brillantes, criminales y diabólicas, sino porque pueden. Porque tienen un amigo al que nombraron en un puesto, porque llegaron al puesto del amigo, porque son amigos del amigo del que nombraron, y sea este el portero del edificio o el Viceministro, nunca sobra sacarle el jugo del algún modo al puesto, o al puesto del amigo.
Y existe en todos los niveles, pues mientras las grandes coimas hacen grandes escándalos, los tramitadores tienen acceso más rápido a las oficinas públicas, los policías cobran por no poner el comparendo, funcionarios de medio pelo cobran por mover los expedientes y los beneficiarios del SISBEN compran motos con los subsidios para sus hijos; a la par que ciertos alcaldes sabaneros y directores de corporaciones regionales autónomas bloquean grandes proyectos si no han sido invitados a sus resultados.
Así como los jefes de compras del sector privado también piden su pedazo a los proveedores, o son dueños de las empresas proveedoras, el gerente financiero recibe comisión por colocar recursos en cierta entidad financiera.
Nos seguimos mintiendo si creemos que la corrupción es un problema de los demás, cuando desde pequeños fuimos criados viendo a nuestros padres quejarse de lo mismo pero pagando la mordida al policía, ocultando plata en el exterior o enviando regalos al gerente del banco que autorizaba los préstamos.
La corrupción es un problema de aprendizaje en todos los niveles sociales que se diferencia solo por las posibilidades que tienen unos pocos de acceder a los grandes negocios. Problema que se ha agravado sin duda, pues como contaba un ingeniero contratista amigo, hace cuarenta años su padre escandalizado prefirió perder una licitación que pagar a un conocido concejal de entonces un 3% sobre el contrato. Hoy Samuel y sus amigos se reirían de ese porcentaje.
Una de las causas de esta realidad es que son más poderosos los oscuros intereses económicos creados detrás de un gran contrato, que los que tiene la comunidad, en general, frente al mismo.
Claro que la comunidad está interesada en que las obras se ejecuten, pero la comunidad es un ente sin manos ni pies que solo obra a través de los ciudadanos cuando hay incentivos económicos concretos, en este caso para asegurar que los grandes proyectos sean realidades.
Además, las entidades de control regularmente intervienen luego de que el daño está hecho, y concluyen con la declaración de caducidades y largos procesos judiciales o administrativos durante los cuales se obstaculiza la realización de los proyectos.
La ausencia del efectivo e interesado control ciudadano lleva a que la vigilancia de los procesos de contratación y ejecución dependa de funcionarios sin uñas, como el zar anticorrupción, o de los competidores vencidos en las licitaciones, aunque éstos a la larga prefieren demandar al Estado para ganarse una utilidad que denunciar irregularidades.
Una solución es crear incentivos económicos para los ciudadanos alrededor de los procesos de contratación. Imaginemos recompensas para quienes demuestren efectivamente contubernios entre los contratistas, o actos de direccionamiento de los procesos hacia ciertos proponentes, como también comisiones de éxito para ciudadanos o aún firmas consultoras que dentro del proceso de ejecución denuncien irregularidades o con su apoyo permitan lograr que las obras se ejecuten dentro de los presupuestos iniciales.
En otras palabras, es crear incentivos económicos positivos sobre la contratación, pero que favorezcan a la comunidad. Al final es un problema de dinero, no de ética. A ver si logramos que algunos funcionarios dejen de salivar como el perro de Pavlov frente a un contrato estatal.